Tras nueve meses de prisión preventiva, acaban de dejar en libertad (en espera de juicio) a Ibrahim Afquir i Charaf Fadlaoui, acusados de desorden público, atentado contra la autoridad y lesiones y daños, por haber participado en las manifestaciones contra la sentencia del juicio del Procés. La Fiscalía les pide nueve años de prisión y multas de 7.200 euros (sí, nueve años).

Los siete primeros acusados de terrorismo en la operación Judas están también en libertad pese a la gravedad de los cargos imputados.

Esther, Sònia, Rafael i Queralt Casoliva siguen a la espera de juicio también por terrorismo.

La semana pasada acusaron también de terrorismo a David Budria i Clara Borrero, dejándoles también en libertad pese a ser presuntos terroristas.

En estos días también quedó listo para sentencia el juicio a Trapero, que sigue en espera de resolución. La Fiscalía pide diez años de cárcel por Sedición.

También esta semana, Ciudadanos, PP y Vox anuncian que no permitirán que las condenas de los nueve activistas y presas y presos políticos pasen a tercer grado…

Esta es la famosa normalidad del Estado y del Gobierno más progresista de la democracia española, cuya Fiscalía sigue acusando de terrorismo a decenas de personas sin haber una sola víctima ni atentado.

Decenas de personas exiliadas y juicios abiertos constantemente con causas inverosímiles que significan cárcel, inhabilitaciones, deportaciones y vidas truncadas por defender un derecho universal.

Unas ganas locas de quedarme en esta España, oiga.