Son muchos los políticos y cargos públicos imputados en delitos en nuestro país. Y es grave, sobre todo por el daño que nos producen a los ciudadanos, llenándonos de desilusión, desconfianza y desorientación. Así pues, resulta totalmente urgente restituir este daño para tener esa confianza y esperanza que ahora están por los suelos.
El primer paso que deben dar los políticos imputados es apostar por la destitución o dimisión como diputado o del cargo público que tengan.
Un trabajo basado en la reputación y confianza no puede ser ejercido por un sospechoso.
Es verdad que está pendiente el juicio clarificador, pero entre tanto se ha de dejar el cargo. Es como una excedencia forzosa por incompatibilidad de ejercicio de función publica.
Ser diputado e imputado es incompatible si queremos una ética y moralidad en los encargados de organizar la sociedad. Es urgente regularlo.
Per Pilar Peña / Camp d’en Grassot
