Andan estos días los partidos políticos dirimiendo el nombramiento del nuevo presidente de TVE, cuando el dilema sería saber si hoy tiene sentido la existencia de una televisión estatal. La respuesta podría ser afirmativa si los contenidos de su programación se caracterizasen por la objetividad, pluralidad y excelencia. La realidad es que TVE está al servicio del poder que la maneja. Y en esto, genera pérdidas económicas que ascienden a unos 50 millones de euros al año.
Ahora, en el siglo XXI, ¿tiene sentido una televisión así, cuando la iniciativa privada y los medios tecnológicos la hacen perfectamente prescindible?
El Gobierno puede legislar para regular mejor el funcionamiento de las empresas de televisión privada. Teniendo en cuenta que la televisión es algo más que una actividad comercial o industrial, nuestra sociedad aún tiene pendiente desarrollar leyes que ayuden a conseguir que los informativos se aproximen al rigor y veracidad de los hechos, y que el resto de contenidos se alejen de la vulgaridad.
José Murillo
Centre
