Junts pel Sí y la CUP han decidido iniciar en el Parlament de Catalunya lo que ellos llaman el proceso de desconexión con España y creación del estado catalán independiente, saltándose la Constitución y el Estatut. Aseguran que cuentan con un mandato democrático obtenido el 27S, pero su supuesto mandato ni alcanza el 50% de votos en las elecciones que ellos plantearon como plebiscito y ni mucho menos les permite alcanzar los dos tercios del Parlament necesarios para reformar el Estatut al que transgreden. Por no hablar de la diferencia de apoyo respecto a la Constitución Española, que alcanzó el 90% de los votos favorables en Cataluña.
Se dan un plazo máximo de 30 días para la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública, lo cual implica que pretenden crear una legislación paralela a la legítimamente constituida, mientras reiteran que no se supeditarán a las instituciones españolas y en particular al Tribunal Constitucional.
Los funcionarios de la Generalitat, el resto de administraciones y los ciudadanos de Cataluña en general vamos a estar, por lo tanto, abocados por Junts pel Sí y las CUP a una situación de desobediencia e inseguridad jurídica máxima. Por si fuera poco, esta incertidumbre repercute negativamente en la deuda pública, en la atracción de inversiones, estimula la deslocalización empresarial y, en definitiva, perjudica la prosperidad de Cataluña.
Mientras Junts pel Sí y la CUP nos distraen con su desconexión de la realidad, no prestamos atención a como Convergència paga la fianza de 250.000 euros de su tesorero para que salga de la cárcel, detenido por el caso 3%. Mientras nos enredan en este callejón sin salida, no se realizan las reformas ni las políticas sociales que necesitamos los ciudadanos. Los catalanes nos merecemos otro gobierno. Un gobierno limpio que vele por la convivencia, que priorice las necesidades concretas de las personas. Un gobierno que construya una nueva Cataluña para todos.
