Para la alcaldesa Núria Marín los servicios funerarios municipales no son un servicio público sino una fuente de ingresos del ayuntamiento. Las arcas municipales reciben el 12% de lo recaudado por la funeraria municipal, que en el último año contabilizado, el 2016, representaron más de 700.000 euros. Pero para Marín ese importe no es suficiente, a la vista está que ese año y en los años siguientes presupuestó ingresar 900.000.
Marín ha dejado clarísimo que desea que los ciudadanos se dejen el máximo dinero posible. Lleva años actuando en este sentido. En el 2014 el Ayuntamiento ya fue sancionado por la Autoridad Catalana de la Competencia con una multa de medio millón de euros por prácticas monopolísticas. Para Marín aquel expediente sancionador debió ser traumático, porque desde entonces los ingresos de los servicios funerarios municipales han ido cayendo.
Marín no quiere seguir perdiendo ingresos de los servicios funerarios. En 2016, Cs presentamos una moción para reclamar transparencia en los servicios funerarios municipales porque, a pesar de que lo marca la ley, no se publicaba en ningún sitio ni las ordenanzas, ni el contrato de la concesión ni los precios públicos. Muchos ciudadanos se quejaban de que los servicios funerarios aprovechaban el momento de dolor por la pérdida de un ser querido para inducir a las personas a contratar servicios de coste muy elevado sin informar de que existía un servicio integral que podía llegar a ser hasta tres veces más barato. Marín votó a favor de nuestra propuesta, pero con la intención de incumplirla. Tuvimos que reclamárselo cada mes hasta que, pasado un año, por fin la cumplieron.
Pero la alegría duró poco. Marín iba a seguir peleando por sus ingresos de la funeraria. Ante el riesgo de que ciudadanos bien informados tendieran a recurrir a los servicios integrales más económicos, el gobierno local tomó una medida drástica: directamente eliminarlos de las ordenanzas municipales de 2018. De los cuatro servicios integrales existentes, eliminó los dos más baratos, cuyo coste era de 1.800 y 1.950 euros (más IVA). Ahora el más barato cuesta 2.200 (más IVA), lo cual representa una subida del 22% y realizada de escondidas.
Es básico que la persona que esté al frente del Ayuntamiento entienda que los servicios funerarios municipales son un servicio público al que las personas han de poder acceder confiando que en lo que piensa el Ayuntamiento no es en sacarle el máximo dinero posible.
