La accidentada aventura cinegética del Rey destapa, una vez más, las deficiencias de nuestra democracia. Todavía nuestros gobernantes, representantes y administradores no se han creído que el poder popular y la política de impuestos son las bases de los deberes y derechos de todos.
Cuando aceptamos, el Rey y los españoles, que una familia tenga el derecho a representarnos a todos como nación, esa familia debe acatar que desde lo más intimo, su boda y el nacimiento y educación de sus hijos, hasta lo que para los demás es normal, amigos, negocios, aventuras y placeres, dejan de ser privados y pasan a ser públicos.
El derecho del Rey viene absolutamente limitado por el deber que tiene, por ejemplo, a no hacernos pagar ni un euro más que no sea absolutamente necesario, ni a poner a él, a su séquito y a los bienes del Estado en ningún riesgo gratuito que, de producirse, acabamos pagando entre todos.
Desgraciadamente, hemos visto demasiados incumplimientos de esta norma para pensar que son simples errores y no una falta de respeto a quienes le hemos dado, más o menos conscientemente, esa función pública.
Apelar al derecho divino de los monarcas, en pleno siglo XXI, demostraría que España aún no ha descubierto muchos de los principios de la declaración de los derechos del hombre, y las revoluciones francesa y americana..
Juan Mena
La Marina
