La piscina de Santa Perpètua es un parque temático de la insensatez. Insultantes carteles avisan que se tire la cadena del WC y que no se limpien zapatillas en los lavabos, mientras no hay ninguno que obligue a colocar una toalla para sentarse en la sauna donde se separa el acceso por sexos. Nadie sabe lo que puede pasarle al usuario que está usándola y que queda encerrado en un habitáculo con una minúscula ventana. No se controla lo que pasa en el interior (gente que derrocha agua, luz, se depila o lava ropa en la ducha).
Tiempo atrás las pertenencias personales se depositaban en recepción, bajo la custodia del empleado de la entrada. Posteriormente instalaron unas taquillas individuales anunciadas como ‘mejora’, descargando a aquel de esa responsabilidad. Simultáneamente, se nos vende que se contrató el servicio de vigilancia externa para el control de la instalación a tiempo parcial, cargando principalmente la responsabilidad del control del recinto sobre la persona que está en la entrada. Una única persona que si es mujer no puede ver la zona masculina y viceversa. Y también en el personal de mantenimiento, todo masculino, que por razón de género no puede acceder a la zona femenina. Y esto, mantenido e informado por el Jefe del Servicio, ha sido por una parte aceptado como dogma de fe por la letrada instructora del expediente que he promovido en defensa de los derechos de mi hijo. Por otra, es ninguneado por el sindicato CCOO, a quien por su silencio a la denuncia debe parecerle bien que la gente haga tareas que, presumo, no les corresponde.
Fue en el lejano 23 de junio del 2017 cuando le reventaron el candado de la taquilla y le robaron parte de sus pertenencias. El propio Ayuntamiento aconsejó presentar una Reclamación Patrimonial. Así se hizo y después de que incumplieran los plazos legales de respuesta, la Junta de Govern -asistida por una la letrada que se ha parapetado en la letra de la ley, olvidando que ésta tiene también un espíritu-, ha rechazado las pruebas propuestas. Ha visto como no constaba en el expediente el dictamen del Síndic de Greuges, que de alguna forma censuraba su actuación, considerando después que sus criterios no tienen entidad suficiente y aceptando única y exclusivamente los informes parciales e interesados aportados por el técnico municipal.
Tras insistentes recursos y petición de amparo a diversos niveles, el pasado 4 de abril 2019, cuando transcurridos casi dos años, resolvieron que como el causante del robo ha sido una tercera persona supuestamente ajena al Ayuntamiento, no se responsabilizan de nada. A pesar de tener contratado en el momento de los hechos un vigilante de seguridad.
Otro afectado que inició la misma odisea se ha quedado en el camino, asqueado y entendiendo que no vale la pena moverse. Y se dice también que otra persona tuvo que ser acompañada por la policía a su domicilio, pues le habían dejado completamente desnudo. Sirve de poco exigir responsabilidad a este Ayuntamiento, vistas las redes sociales, donde por otra parte también alguien me ha criticado por expandir este tema en plena campaña electoral. Que quede claro que no he sido yo quien ha marcado los tiempos, sino el Ayuntamiento. He tenido que esperar casi dos años hasta recibir una resolución que debía llegar en 6 meses. No he querido esperar más, pues ya lo he hecho demasiado tiempo.
No vale tener sentido crítico, ni suponer que se sabe algo de como deben recibirse los servicios. Hay que echarle valor para exigir, paciencia para reclamar e insistencia para ser atendido. No siempre compensa el tiempo empleado, que a nosotros se nos mina, pero que a ellos no preocupa y que muchas veces, como aquí, sólo lleva a recibir una respuesta insultante. Hay que ser constante, incluso inocentón para enfrentarse a estas causas que sabes que difícilmente ganarás.
Hay que decir a la alcaldesa que no hay justificación en dejar un servicio jurídico sin responsable ni cubrir su plaza inmediatamente para después permitir que con toda celeridad la nueva letrada resuelva un tema que no ha querido valorar en profundidad. Es muy cómodo dejar todo como está, aunque esté de pena, e ignorar todo lo que ha pasado. Está claro que si se establece esta permisividad, los propios técnicos afectados por el problema, esos a los que se echa mano para pedir un informe que sirva para instruir, garantizan la pasividad. Que no critiquen las políticas emanadas desde la Alcaldía, que asuman el estar tanto tiempo sin tener ordenes concretas sobre como actuar en estos casos. Se cumple aquello de “yo, tú y él cerramos los ojos y todos cobramos como si nos dejáramos la piel por la ciudadanía”.
Como denunciante me siento humillado. Y el denunciado, el Ayuntamiento, no creo haya perdido para nada el sueño cerrando así el expediente y abocándolo a los Tribunales. Ver que se hace lo menos posible y que se incumple con el ciudadano lo que a éste se le exige es lo que hace que una sociedad se convierta en un lugar injusto, sobre todo para los desfavorecidos.
