Como parece difícil para el resto de ciudadanos del Estado entender qué pasó hace una década con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut de Catalunya, me remito a unas palabras publicadas en Twitter por el ex-secretario general de Podemos en Catalunya, Xavier Domènech, que lo explican bastante bien.

“Hace 10 años que el TC desactivó el nuevo Estatuto de Cataluña y los expertos hicieron mil y una interpretaciones y expusieron diferentes criterios y puntos de vista en artículos y tertulias. Pero creo que a muchos se les escapa un hecho fundamental.

La sentencia del TC iba mucho más allá de si la nueva norma catalana vulneraba la Constitución o no. El debate real era sobre si la autonomía era un derecho de los catalanes o una concesión de España. Si se fundamentaba en la existencia de una capacidad catalana para autogobernarse, es decir, una realidad catalana diferenciada, o en la “generosidad” del estado español que se concede a sí mismo la capacidad de dejarnos organizar autonómicamente. Parece un tema de poca importancia, pero la tiene. Y mucha.

Si pensamos que es un derecho de los catalanes, serán los catalanes los que fijen la fórmula y los límites. Pero si es una concesión de España, que es la que decide qué concede o no, puede limitarlo e incluso puede retirarlo cuando lo estime conveniente, sin dar explicaciones. Hasta entonces habían hecho creer que era ambas cosas a la vez. Que era un pacto.

El TC nos dejó claro que solo era una concesión. Es decir, que la voluntad de los catalanes tenía importancia igual a 0, y lo que se había votado también. No rompieron un pacto, negaron que hubiera ningún pacto”.

Domènech está diciendo algo que tiene que ver con las declaraciones del catedrático Javier Pérez-Royo cuando llama a aquella sentencia “un golpe de Estado” y un hecho “anticonstitucional”, porque la Constitución Española no fue firmada por las y los catalanes hasta que incluyó los estatutos de autonomía y reconoció el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos.