Las noticias sobre el caso Pujol vienen sesgadas para los que no somos de Cataluña, aunque me imagino que en Cataluña también existe la manipulación ideológica de quienes las difunden. Y, para colmo, en el Estado español hay diferentes varas de medir que se aplican según quien sea la persona sobre la que se opina. Eso no se le escapa a nadie. Ni a los partidarios de los manipuladores.
La primera cuestión sería establecer si Pujol y su familia han cometido algún tipo de delito. Es decir, respetar fielmente el principio de presunción de inocencia. En este supuesto, lo primero a lo que debería haberse abocado la defensa de la familia es a desmontar la patraña, caso de que todo esto fuera una patraña, destinada, supongo, entre otros fines, a desacreditar las posiciones nacionalistas e independentistas catalanas.
Si, por el contrario, todo, o parte, de lo que han descubierto los medios de comunicación es verdad, entonces habría que investigar los posibles delitos cometidos, probarlos, juzgar por tribunales competentes e imparciales, las conductas ilegales en las que pudiera haber incurrido la familia Pujol, y aplicar las penas que correspondan en derecho –además de exigir la devolución de lo retenido immediatamente–.
Creo que juzgar conductas personales e intentar analizarlas en el Parlamento de Cataluña por una mayoría de diputados inexpertos en leyes y fundamentos jurídicos, que digan lo que digan los preguntados ya les han condenado políticamente de antemano, no se corresponde con nada judicialmente riguroso. Eso se debe de juzgar en los tribunales, como pasará en breve, y no en una cámara política. Se puede citar al expresidente a presencia en la Cámara catalana en una comisión de investigación, però no a su familia y montar un circo de unas dimensiones peyorativas incalculables, que sólo perjudica a la credibilidad de la Cámara y de sus señorías. No quiero pensar que se haya hecho adrede y para erosionar la institución y a todo lo que esta representa.
Como comprenderan los lectores, desde Madrid es prácticamente imposible saber nada de esto porque, haya ocurrido lo que haya ocurrido, el veredicto ya se ha emitido antes de celebrarse cualquier eventual juicio.
Las estructuras, como las ideologías, son sistemas cerrados, inamovibles y carentes de alma, ante las que se puede y se debe emitir un juicio crítico. Por el contrario, ante las personas no, porque somos seres en camino y en permanente cambio. Nos equivocamos y rectificamos, y por eso hay que tener prudencia porque todos, en algún momento de nuestra vida, atravesamos por esas situaciones. Y eso no equivale a que nos quedemos definitivamente atrapados en ellas ni a que nadie tenga derecho a identificarnos, ni a definirnos, en base a un error de nuestro pasado ya subsanado. No somos nuestros errores, somos mucho más que todo eso.
Dicho esto, de confirmarse que la familia Pujol mantuvo esas conductas, evasión fiscal y un comportamiento impropio de un gobernante que ha causado un mal moral social de incalculables proporciones, el juicio es obligatorio y condenatorio. Incumplir las leyes siempre constituirá un acto inaceptable, lo haga quien lo haga, pero desde luego cuando lo hace la máxima autoridad institucional –Pujol representaba a la Generalitat– alcanza una gravedad extrema, porque en ese caso es ella, la autoridad legítima y el referente moral, quien transgrede las normas del buen obrar que ella misma ha dictado a la sociedad.
Como demócratas hemos de atenernos al principio de que alguien siempre es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero cabe decir que, tristemente la Justicia española es…. “justicia” y muy española.
