Nos explican que en un Estado de derecho los ciudadanos y los gobiernos tienen derechos y obligaciones. Existen contratos y son de obligado cumplimiento por ambas partes, pudiéndose acudir a los tribunales en caso de incumplimiento. Pero parece que hay subterfugios y puertas de atrás que conculcan todo derecho ciudadano, puesto que los gobiernos, siempre enarbolando nobles banderas, pueden desposeernos de ellos. El último ejemplo nos lo da Chipre.
Se inventan una tasa sobre los depósitos bancarios y al ciudadano, que tienen unas cláusulas firmadas con sus bancos, se le niega el derecho a exigir su cumplimiento. Venezuela, Argentina y Bolivia nacionalizan empresas españolas, no pagan nada y parece que es legal, porque el valor de lo expropiado es discutible. Portugal y España también hacen de las suyas, con la quita de la paga doble a los funcionarios.
¿Cómo puede ser legal que un contrato (laboral en este caso) se vea alterado por una de las partes sin consentimiento de la otra parte?, ¿es totalmente legal reducir el salario arbitrariamente, y hasta qué importe?, ¿quién es el encargado de determinar, en última instancia, lo que es legal y no?, ¿qué protección nos queda ante esos gobiernos que de forma retroactiva se dan una pátina de legalidad para poder hacer todas las ilegalidades que quieran?
Per Adolfo Barguilla / Lector
